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La Auditoría Superior del Estado y la Comisión Inspectora repondrán el procedimiento de fiscalización a la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, por el cual fue acusada de daño patrimonial y multada hace dos años, esto, a pesar de que la SCJN invalidó dicha inhabilitación a  la alcaldesa de Tehuacán

El presidente de la Comisión Inspectora José Juan Espinosa Torres, dijo que, al invalidarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inhabilitación por 12 años y en consecuencia la destitución del cargo, la priísta tendrá una segunda oportunidad para solventar las irregularidades detectadas en su cuenta pública 2014.

La reposición del proceso de fiscalización se precisó en el dictamen que este miércoles se someterá a votación del pleno.

“Toda vez que la autoridad judicial competente ha declarado la invalidez del decreto emitido (…) aprobado el 15 de diciembre de 2016, respecto a la Resolución del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (…) así como la invalidez de todo lo actuado en dicho expediente (…) es procedente acordar emitir un dictamen para dar cumplimiento a la sentencia dictada en la controversia constitucional 2/2017 (…) la Legislatura del Estado de Puebla deberá proceder en el ámbito de su competencia a ordenar la reposición de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades que se siguió a Ernestina Fernández Méndez”, se lee en el expediente.

Cabe recordar que fue en julio de 2016, cuando la ASE y la Comisión Inspectora presentaron un dictamen de Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra de Fernández Méndez.

Tras su aprobación, en diciembre de ese mismo año, los mismos órganos consideraron la inhabilitación por 12 años para la priísta, se le acusó de causar un daño patrimonial por 76 millones 289 mil pesos y se fijó una sanción económica por 152 millones 579 mil pesos.

Al estar en funciones y ser inhabilitada, el Congreso del Estado emprendería la revocación de mandato, pero Fernández Méndez promovió una controversia constitucional en febrero de 2017.

El pasado 5 de octubre, la Segunda Sala de la SCJN falló a favor de la alcaldesa y ordenó al Congreso a reconocer la invalidez del decreto con el que la LIX Legislatura aprobó la inhabilitación.

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